El Registro civil en España

Bajo el reinado de Juan Carlos I y el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, España aprobó la Ley 20/2011 del Registro Civil. Aunque el marco legal anterior, instaurado en 1957, funcionaba de manera efectiva, las circunstancias habían cambiado lo suficiente como para justificar una actualización. La nueva ley, en línea con la Constitución Española, reemplazó el enfoque basado en eventos de la vida (como nacimientos y matrimonios) por un enfoque más centrado en el individuo.

En lugar de múltiples registros con datos potencialmente conflictivos, la ley establece un registro único y digital para toda España. Esta base de datos estaría gestionada por funcionarios públicos y sería accesible electrónicamente. Los asientos se digitalizarían y contarían con una firma electrónica, y todo estaría bajo estricta protección de datos.

Los cambios también afectaban el manejo de nombres y apellidos, permitiendo más flexibilidad y rapidez en las modificaciones. Todos los procedimientos se facilitarían mediante la cooperación con centros sanitarios para registros como nacimientos y defunciones, y los ayuntamientos seguirían gestionando los registros matrimoniales.

Este marco legal modernizado consta de varias secciones y disposiciones, y debía implementarse en 2014. Sin embargo, debido a desafíos tecnológicos, su implementación se pospuso hasta abril de 2021. La ley anterior quedó derogada, salvo en ciertos aspectos transitorios, y la nueva ley solo se aplicará plenamente cuando se solucionen las dificultades tecnológicas.

La entrada en vigor de esta ley sufrió varios aplazamientos:

• La primera prórroga de la implementación de la Ley 20/2011 del Registro Civil se confirmó mediante la Ley 18/2014. Esta posposición se extendía hasta el 15 de julio de 2015 y se justificaba por la magnitud de los cambios que la ley introducía en términos de funcionamiento, estructura y tecnología. A pesar de un periodo inicial de tres años para su puesta en marcha, se determinó que aún había aspectos que necesitaban revisión para asegurar la integridad y seguridad del nuevo sistema.
• La segunda prórroga se estableció con la Ley 19/2015 y llevaba consigo algunas modificaciones clave, como la digitalización del proceso de inscripción de nacimientos y defunciones. Los centros sanitarios serían los responsables de transmitir estos eventos de manera telemática, con medidas de seguridad adicionales para garantizar la identificación precisa de los nacidos. Esta ley también abordaba temas como el empadronamiento y especificaba la modificación de varios artículos relacionados con la inscripción de nacimientos y defunciones. Según esta prórroga, la implementación de la Ley 20/2011 estaba prevista para el 30 de junio de 2017.
• La tercera prórroga para la implementación de la Ley 20/2011 del Registro Civil se estableció en la Ley 4/2017, enfocada en proteger los derechos de las personas con discapacidad en el matrimonio. El cambio especificaba que solo se requeriría un certificado médico si la discapacidad afectaba significativamente la capacidad de dar consentimiento. Debido a estas consideraciones, la entrada en vigor se pospuso al 30 de junio de 2018.
• La cuarta prórroga se incluyó en la Ley 5/2018, centrada en la ocupación ilegal de viviendas. En ella, se extendió de nuevo la fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, esta vez hasta el 30 de junio de 2020, para permitir tiempo adicional para la organización y funcionamiento del nuevo sistema.
• La quinta prórroga se estableció a través del Real Decreto 16/2020, en respuesta a la crisis del COVID-19. Dadas las circunstancias extraordinarias, se introdujeron medidas para limitar la circulación, fortalecer el sistema de salud y posponer procedimientos legales, entre otras cosas. En este contexto, la implementación de la Ley 20/2011 del Registro Civil se aplazó una vez más, fijándose como nueva fecha el 30 de abril de 2021, salvo para los artículos ya en vigor.

Entrada en vigor de la Ley del Registro Civil 20/2011 de 21 de Julio

Con la implementación de la Ley 6/2021 del 28 de abril, se actualiza la Ley del Registro Civil 20/2011 de 21 de julio (BOE, 2021). En conmemoración del 150 aniversario del Registro Civil en España, se implementa oficialmente la Ley 20/2011 después de una década de vacíos legales. Este período de adaptación fue necesario para realizar significativos cambios en su estructura y organización. Durante este tiempo, se desarrolló una plataforma digital unificada (DICIREG), se estableció acceso en línea y se organizó cómo se compartirían los datos públicos del registro.

La actualización tecnológica fue crucial, estandarizando aplicaciones y tecnologías en todas las oficinas, con una participación clave de las comunidades autónomas. Además, el proceso permitió la reestructuración de roles laborales para funcionarios públicos y estableció un nuevo sistema de selección y capacitación.

La Ley 6/2021 del 28 de abril introduce 32 cambios específicos para finalizar la implementación progresiva de la reforma. Entre los ajustes se encuentra la revisión del código personal a asignar en los registros, facilitando el acceso mediante firmas electrónicas avanzadas tanto para los funcionarios como para los ciudadanos. Además, se modifica la estructura de las Oficinas Generales del Registro Civil y se detalla su funcionamiento y localización.

Se realizan también ajustes en los procedimientos para cambios de apellidos, separaciones, divorcios y otros aspectos. Se permite que ciertas declaraciones relacionadas con la nacionalidad puedan hacerse ante notarios o funcionarios diplomáticos.

A pesar de la entrada en vigor de la ley, nos encontramos en una fase de transición. Las nuevas oficinas y aplicaciones informáticas aún no están operativas y se mantendrá el sistema anterior hasta que el Ministerio de Justicia apruebe la implementación completa de la reforma.

La puesta en marcha de las nuevas aplicaciones informáticas se van aplicando de manera paulatina en los registros civiles. Por ahora, la estructura y funcionamiento del Registro Civil continuarán como hasta la fecha, siguiendo las directrices de la Ley de 1957.